La consigna, el slogan, "Que se vayan todos" está más que escuchada, ponderada y criticada, pero también nunca del todo debidamente explicitada.

El "Que se vayan todos" en muchos casos parece reducirse a cosas puntuales, particulares que contradicen lo absoluto de el "todos". Ahora, ¿Qué es "todos" y qué es "se vayan"?

Por lo general, el "Que se vayan todos" aparece pegado a algún mecanismo de caducidad de mandato de legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo o miembros del Poder Judicial, ya sea en su totalidad o en parte. Ya sea más o menos cuidando las formas o como sea. Reformas electorales, reducción del número de diputados, fusión de provincias, son algunas de las propuestas que cabalgan en el viento.

Pero, algo es más profundo y por tanto más complejo que desmontar cuatro cabezas de arriba para que "todo" cambie.

Por empezar el aparato estatal público no se limita a un puñado de diputados. Por debajo hay años de apostados políticos, familiares, amigos y demás que han ocupado sus cargos en la administración no precisamente por haber demostrado capacidad profesional para hacerlo.

Los diputados o los jueces son sólo la punta del iceberg de algo mucho más gigantesco y difícil de resolver. ¿Cómo se limpian años de capas geológicas de funcionarios y empleados incapaces o corruptos?

La propuesta más sencilla y en algunos casos extremos, desgraciadamente la más pronta a ser adoptada es, dado el descontrol con el cual se mueve el aparato estatal, hay que sacar un gran cuchillo y cortar por donde venga. Algo que dista de una solución justa y equitativa para los empleados y funcionarios que sí son probos y honestos.

Los que ven la cosa de gobierno desde la óptica empresarial tampoco brindan soluciones satisfactorias al problema medular.

No es lo mismo gobernar que gestionar. No es lo mismo administrar una empresa que un país. Una empresa puede echar gente. Un gobierno no echa, o al menos debe convivir con los excluidos del sistema hasta poder resolver el problema. Este puede ser el "New Deal", una guerra, Auschwitz, gulags o cuántas variantes hay en el extremo que supone el continuo exclusión-inclusión.

Podríamos plantear la perspectiva empresarial de la política (?) como "gestión". Allí podríamos hacer la analogía representante-ciudadano vis a vis empresa-consumidor. ¿Cuál es peor/mejor? Si nos movemos de lo público a lo privado, ¿qué diferencia in essentia encontramos en nuestro país?

La cuestión por lo tanto no es sólo un problema de legitimidad a secas. No sólo hay cuestionamientos a la identificación o representación entre funcionarios electos y ciudadanos. La cosa es más profunda y tiene que ver con cómo nos tratamos entre nosotros. Y allí entran a jugar temas culturales, sociales, antropológicos. Y si tuviéramos que rescatar algo más firme, la sensación de cada uno de nosotros es bastante cercana a la falta de justicia/Justicia.